La encarcelación de los Jordis lo cambia todo

La jornada de ayer concluyó con una noticia que asestó un golpe bastante duro al conflicto catalán y cuyas consecuencias están aún por definir: La juez Carmen Lamela decretaba en un auto la prisión incondicional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un presunto delito de sedición. Los peores augurios se confirmaban en una jornada que parecía que iba a discurrir tranquila tras la patada hacia delante que tanto Govern como Gobierno Central aceptaban dar al balón de la DUI.

Puigdemont tiene la deferencia de hacerse el gallego con Rajoy.

A las 10:00h del día de ayer terminaba el requerimiento que el Gobierno Central lanzó la semana pasada a Puigdemont para que confirmara o se retractara de la DUI supuestamente promulgada el 10 de Octubre, y que constituye el paso preliminar para iniciar la tramitación del 155. Una hora antes de que finalizara el plazo, el president de la Generalitat remitía una carta que era un nido de circunloquios y en la que repasaba las afrentas que el Estado había cometido en Catalunya en los últimos tiempos, pero que no contestaba a la pregunta que inequívocamente le habían planteado: ¿Ha declarado usted la Independencia o no? Bueno, sí, depende, no, tal vez... que diría un gallego.

La estrategia de Puigdemont estaba clara, y aunque yo había apostado por la opción de que directamente haría mutis por el foro, el hecho de que se dignara a contestar a la pregunta, aunque fuera para no responderla, es un gesto que cabe entender como buena voluntad. Pero más allá de la cosmética, de la escenificación protocolaria, la carta cumplió los dos objetivos que se había propuesto

El primero es que no divide las filas del independentismo. Al no contestar ni que sí ni que no, cada una de las almas del Independentismo puede cerrar filas acerca de lo que es para cada una de ellas la interpretación correcta de lo que ocurrió el 10-O. Al mismo tiempo, al emplazar a un diálogo al Gobierno Central, el subtexto que se transmite es que la relación se pretende que sea primus inter pares. Ese mismo mensaje se podía traslucir del mensaje que, unas horas más tarde, publicaba Oriol Junqueras en twitter: "Presidente Mariano Rajoy, la pregunta es muy sencilla: ¿Quiere una reunión entre los gobiernos de Catalunya y España?"

Indicios de una aplicación blanda del 155 en la respuesta de Soraya.

Naturalmente, lo que estaba encima de la mesa es que, al no haber respuesta negativa por parte de Puigdemont, la aplicación del 155 debía seguir su curso. En ese sentido, se ha abierto el segundo y definitivo plazo para que Puigdemont conteste a la pregunta, que finalizará el jueves a las 10:00. Así lo ha expresado Soraya Sáenz de Santamaría en una comparecencia de prensa que me ha sorprendido para bien.

Soraya Sáenz ayer en la rueda de prensa.

Lejos del sonido de sables y la aplicación inmisericorde —y por abrasión— de la ley que defiende algún sector en el PP y gran parte del comentariado que le respalda mediáticamente, las palabras de la vicepresidenta del gobierno han sido mesuradas. Ha insistido en que la puerta al diálogo está abierta, pero a través del congreso de los diputados —negando una interlocución de igual a igual—. Y ha usado el argumento de que la posible aplicación del artículo 155 no serviría para apoderarse de la legalidad catalana, sino para restituirla a la ciudadanía de Catalunya, respuesta de la que se colegiría una convocatoria rápida de elecciones autonómicas.

La vicepresidenta, por tanto, no se salió del guión, y siguió la estrategia que su partido parece haber pactado con el PSOE de Sánchez de ser muy moderados en la aplicación del protocolo del 155 para, de esta forma, poner toda la carga de la responsabilidad de su aplicación sobre Carles Puigdemont, con el subtexto, además, de que emplazando a Puigdemont al Congreso de los Diputados para dialogar, no se le concede una interlocución de igual a igual.

La juez Lamela entra en acción. 

Todo apuntaba a que la jornada concluiría sin más sobresaltos hasta que la juez Carmen Lamela, autora también del auto responsable de la encarcelación incondicional de la gente de Alsasua y por el que llevan casi un año en prisión sin haber sido juzgados todavía, ha entrado en escena decretando prisión incondicional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart imputándoles un delito de sedición. Los Jordis, presidentes de las organizaciones de la sociedad civil ANC y Omnium Cultural, serían responsables de las concentraciones ocurridas los días 20 y 21 de septiembre y cuyo objetivo habría sido dificultar la acción de la justicia ante la serie de registros y detenciones que se produjeron durante aquellas jornadas frente a edificios públicos. 

Estado de un vehículo de la Guardia Civil tras las jornadas de registros de los días 20 y 21 de septiembre.

Según la juez, las convocatorias no habrían sido un llamamiento a la manifestación pacífica sino para la protección de sus gobernantes e instituciones y, en algunos casos, para parar a la Guardia Civil. Algunos de los convocados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches de los cuerpos de seguridad, impidiendo a los agentes abandonar los edificios registrados. Lamela considera que la finalidad de los actos de aquellos días sería impedir el cumplimiento de la ley. El hecho de que los representantes de ANC y Ómnium se erigieran como interlocutores con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad planteando su capacidad para movilizar a los manifestantes si se aceptaban sus peticiones, guiadas, según la juez, por motivos políticos, serían indicios suficientes para hablar de coacciones a la Guardia Civil.

El delito de sedición.

El delito de sedición en España se regula mediante el artículo 544 y siguientes del código penal, castigando con penas de hasta 15 años a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de la Leyes, o para impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, de las resoluciones administrativas o judiciales.

Entendida de esta forma, la sedición podría ser una forma jurídica que tuviese encaje con los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre, pero también con delitos menos graves. Sin embargo, la juez Lamela en su auto hace referencia expresamente a que el objetivo de fondo de las movilizaciones de aquellos días era asegurar la realización del referéndum del día de 1 de octubre y, en mi opinión, al introducir ese elemento político contamina todo el auto.

Mi impresión es que los elementos probatorios aportados hasta la mención del referéndum podrían ser constitutivos de un delito de sedición pero, también, con una adecuada defensa podrían ser esquivados y ajustarse mejor a tipos penales menores. La referencia al referéndum pretende aportar una carga probatoria mayor y, por tanto, sirve mejor a la consecución de la probatura del delito de sedición, pero al precio de introducir un sesgo político y dejar el conflicto de legitimidades expuesto. No olvidemos que JxS fue elegido en 2015 con un programa electoral que establecía una hoja de ruta que inexorablemente conduciría a la realización de un referéndum. Por tanto, el mandato dado en las urnas era claro y la voluntad del electorado y el pueblo catalán, también. Al hacer referencia expresa a la ilegalidad del referéndum, la juez hace colisionar la legalidad con la legitimidad democrática que impulsa su celebración. Y esto no será inane.

Una criminalización de la sociedad civil.

Principalmente, porque regala al independentismo el argumento de los presos políticos. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no son políticos y, ciertamente, no son políticos presos en estos momentos. Pero su imputación y su prisión preventiva incondicional introduce en el debate la posibilidad de existencia de presos políticos. Por ello, nos encontramos ante lo que es una criminalización de la sociedad civil y una criminalización por motivos ideológicos. ¿Cabe mayor error que éste desde el punto de vista del conflicto político en el que nos encontramos?

Con un pulso político entre la Generalitat y el Gobierno Central, teatralizado hasta la extenuación, lleno de circunloquios y evasivas que tratan de ganar tiempo esperando el error ajeno, éste ya se ha producido. Y lo ha hecho antes del jueves, fecha en la que el propio Gobierno Central preveía que si el Govern no se retractaba, estaría justificado para hacer lo que tuviese a bien hacer. Es decir, antes de la fecha en la que una no-renuncia a la DUI por parte del Govern constituiría el error ajeno que se estaría buscando por parte del Gobierno Central. El auto de la juez Lamela aborta la estrategia constitucionalista al reventar las costuras no-opresivas que el propio bando constitucionalista había diseñado en su estrategia de envolvimiento sobre Puigdemont.

El Estado ha vuelto a morder el anzuelo.

De una manera u otra, el Estado ha dado los elementos narrativos objetivos al independentismo catalán para alimentar el victimismo inherente a todo nacionalismo que desee construir un mito de construcción nacional e identitaria. Lo hizo el 1 de Octubre, con el despropósito absoluto que constituyó la intervención policial de los antidisturbios durante la jornada de votaciones que dejó un reguero de heridos. Y lo hizo anoche con la orden de prisión incondicional para dos miembros de la sociedad civil en un auto que introduce los motivos políticos como elementos probatorios. Es como si el Estado estuviera empeñado en alimentar al independentismo regalándole de forma bastante absurda todo aquello que éste en realidad desea. Porque, no nos engañemos, esto es genial para los independentistas. Tan genial que parecería que existiese una conspiración dentro del Estado para favorecerlos. Eso, o que son tan torpes como para morder el anzuelo que el independentismo deja detrás suyo siempre.