Gorriarán y la ilegalización de Junts pel Sí y CUP

Debo conocer de la existencia de Twitter desde hace unos siete u ocho años, más o menos. Me hice una cuenta por aquel entonces, pero creo que debe de tener algo así como un comentario y dos interacciones. Vamos, que no me llamó la atención, no hubo flechazo. Twitter me pareció tosco y la limitación a 140 caracteres una invitación al puñal en lugar del matiz. Una involución, un paso atrás respecto a otras plataformas. Hoy en día sigo pensando parecido, aunque el hecho de que Twitter se haya convertido en lo que es actualmente, modifica mi percepción. Sí, Twitter invita a la información incompleta y a que nuestros argumentos en dicha plataforma parezcan falacias. Pero la usa todo el mundo. O al menos todo el mundo que es relevante. Así pues, uno no puede permitirse el lujo de permanecer al margen de los debates que se generan en Twitter. Al menos, si no quiere estar desconectado de la circulación de ideas que se produce en esa red social. Aunque parezcan o sean falaces muchas veces. Los límites de mi twitter son los límites de mi mundo, que diría un wittgensteiniano pasado de vueltas.

El Tractatus habría sido refutado antes de llegar al final de haber intentado ser publicado a través de Twitter.

Es por eso que he hecho un perfil en esa red social para este blog, para estar al tanto de lo que se cuece y de lo que opina la gente de la que quiero conocer su opinión. Pero también para poder difundir las opiniones que vierto en este espacio mientras debato y me tiro sillas de metal plasticoso virtuales con otros twitteros. Nos gusta el jaleo, no lo vamos a negar. Acabaremos amando twitter, nos atrevemos a barruntar.

Si cuento todo esto es porque he vivido mi primer conato de escaramuza en Twitter. El adversario ha sido Carlos Martínez Gorriarán, ex diputado al congreso de los diputados por UPyD. Quizás no le ubiquéis muy bien si no tenéis la suerte de tener un amigo que sea fan incondicional del partido magenta, pero os anticipo que es un muy buen orador y un excelente polemista. Su paso por el parlamento español en la anterior legislatura —la de 2011, no la del gobierno en funciones que duró seis meses— dejó algunas intervenciones de verdadero mérito donde repartió vehementemente estopa a diestro y siniestro. Recuerdo particularmente una, más allá de los grandes temas de las críticas al bipartidismo, a la falta de independencia del poder judicial o al Estado de las autonomías, escueta y brillante, donde desmontaba la ley de propiedad intelectual del primer gobierno de Rajoy en pocas frases y con la que es muy difícil no asentir al ciento por ciento. Gorriarán ha abandonado la política profesional para regresar a su puesto como profesor de Filosofía de la UPV, donde me imagino que seguirá impartiendo esa asignatura de Semiótica y Retórica que me enseñó en el primer cuatrimestre del curso 2004-2005, y de la que guardo muy buen recuerdo. Pero podéis dar por seguro que no ha abandonado su lugar como ciudadano implicado con la política.

Gorriarán analizando la simbología del cartel del Congreso.

Lo interesante de toda esta presentación es que a pesar de que Gorriarán me parece uno de los mejores políticos de los últimos años y de que guardo muy buen recuerdo de él como profesor, debemos compartir un 15 o un 20% de nuestro pensamiento político. Él es un jacobino recalcitrante y yo me defino como soberanista no independentista. No tengo muy claro en qué punto exacto del espectro económico se posiciona entre la socialdemocracia y el socioliberalismo, pero yo estoy claramente a la izquierda de él. Y respecto a la cuestión catalana, él viene siendo partidario de la aplicación dura del art. 155, mientras que yo considero esa solución al problema un parche temporal que aviva la confrontación y alimenta el relato victimista del que se nutre el independentismo.

Intercambio de twits.

Ayer, Gorriarán publicó un twit en el que presentaba un interesante dilema para Puigdemont de cara a su comparecencia de hoy de las 9:00h. Según Gorriarán, si Puigdemont no rectifica su declaración del día 10, habrá aplicación del artículo 155 y cisma en Catalunya; si la rectifica, en cambio, el cisma será en el independentismo y habrá elecciones. A partir de ahí, yo le contesto que elecciones habrá en los dos escenarios —pues la aplicación del artículo 155 lleva inexorablemente a convocar nuevos comicios autonómicos— y que lo que no tengo tan claro es que sirvan para modificar la correlación de fuerzas. Gorriarán argumenta que la modificación de la correlación de fuerzas tras las elecciones dependerá de entre quiénes, cómo y cuándo se celebren. Sorprendido por la respuesta, le pregunto si sopesa aplicar la ley de partidos a los partidos independentistas —única forma de que el "quienes" no resulte trivial— a lo que contesta que sin duda le parece necesario. Entonces, le objeto que eso solo servirá para alimentar el relato independentista —basado en el victimismo—, por lo que el independentismo crecerá. Su respuesta a su comentario la vi varias horas más tarde, razón por la cual no le contesté en el momento. Pero al leerla detenidamente, me di cuenta de que ameritaba una respuesta desarrollada y con datos. Y por eso estamos aquí.

¿La ley de partidos sirvió para hundir a la izquierda abertzale?

Esta pregunta es la madre del cordero. Gorriarán así lo afirma taxativamente en su último twit, pero yo no estoy tan seguro de ello. Recordemos que la ley de partidos se aprueba en el congreso de los diputados en 2002. Por lo que la primera vez que se aplicaría en el contexto de unas elecciones autonómicas sería en 2005. Sin embargo, el hundimiento de la izquierda abertzale se produce un año antes, en las elecciones frentistas de 2001, pasando a los 7 diputados desde una horquilla que oscilaba entre los 11 y los 14 desde los años 80. Para que la Ley de partidos causara el hundimiento de la izquierda abertzale, entonces, deberíamos asumir poderes causales retroactivos: los efectos jurídicos derivados de la promulgación de la Ley en 2002 causaron la debacle electoral de la Izquierda Abertzale en 2001. Parece complicado... No voy a entrar en las razones por las que Batasuna se la pegó en aquellos comicios, sino que me voy a centrar en la evolución posterior. 

Tabla de resultados de todas las elecciones autonómicas vascas. Fuente: Wikipedia.

En 2005, con una Justicia persiguiendo al brazo político de ETA en las instituciones, y con la imposibilidad de ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas, la marca a la que concede su apoyo ETA consigue repuntar dos escaños respecto a 2001. Interesante. Más interesante aún son los comicios de 2012. Tras la legislatura abreviada de 2009 en la que Patxi López consiguió ser el primer Lehendakari no nacionalista vasco, Bildu, la marca de la izquierda abertzale surgida tras la disolución de ETA, irrumpe en las instituciones con fuerza. Con renovada fuerza, de hecho, duplicando sus mejores resultados de siempre en escaños. ¿Puede que la masa social representada por los partidos de la Izquierda Abertzale empezase a cuestionar ya en 2001 el comportamiento de sus representantes, pero que tras la promulgación de la Ley de partidos, se generase un efecto de psicología inversa en ellos que concluyera, tras la disolución de ETA y el surgimiento de Bildu, en un efecto rebote? Yo creo que por ahí pueden ir los tiros.

Más interesante que eso me parece contemplar los resultados del PP y el PSOE por comicios desde 2001:

• En los de 2001 sumaron ambas fuerzas 580.128 votos.
• En los de 2005, tras la aplicación de la ley de partidos, 485.160 votos (descenso).
• En los de 2009, con la izquierda abertzale sin representación, 464.260 votos (descenso).
• En los de 2012, con el regreso de la izquierda abertzale, 343.393 votos (descenso).
• En los de 2015, 234.191 votos (gran descenso). 

Si algo pone de manifiesto estos datos es que el relato de la ilegalización de partidos no supuso el hundimiento de Batasuna y la izquierda abertzale. Por el contrario, crecieron tímidamente en 2005 y rebasaron su techo electoral en 2012 tras el fin de la ilegalización, en una especie de efecto-rebote. Además, la introducción de la ley de partidos, si bien no puede decirse con precisión que sea la causa del progresivo deterioro de las fuerzas constitucionalistas, sí está correlacionada con ese hecho.

¿Aplicar la ley de partidos a los independentistas catalanes?

La ley de partidos fue un instrumento del Estado de Derecho para evitar que un partido político siguiera financiando a ETA con dinero institucional. Creo que solamente por eso puede llegar a justificarse desde un punto de vista moral su implantación. Su promulgación, no obstante, prevé otros escenarios de aplicación y, qué duda cabe, es perfectamente posible su aplicación en el caso de los partidos catalanes toda vez desde el 6 y el 7 de septiembre han revertido el orden constitucional ilegalmente. Pero no voy a dar un argumento jurídico para negar que su aplicación sea correcta, sino político. 

El conflicto existente en Catalunya se puede entender en términos de choque de legitimidades. Por un lado, la de los que consideran que la soberanía nacional de todo el pueblo español es la que debe prevalecer en un asunto que concierne a la continuidad de una de sus regiones bajo sus fronteras. Tienen la ley de su lado y un derecho de bloqueo en forma de artículo 2 de la constitución. Por otro, los que consideran que la soberanía regional es la aplicable en lo referente a la continuidad de esa región en el ordenamiento jurídico. No voy a tratar de argumentarle a un jacobino por qué creo que la soberanía regional debería ser la que aplicase en esta cuestión, ya que en la medida en que hablamos de un asunto tan básico, las posiciones son casi axiomáticas e impermeables al debate. Lo que me parece relevante es que los que creen que la soberanía regional es la aplicable en este caso, y además son independentistas, no solo no tienen la ley de su lado, sino que, en la medida en que los otros hagan valer su derecho de bloqueo, están condenados a la desobediencia si quieren ejecutar el mandato de la masa social que les apoyan.

Y aquí está el meollo del asunto: si ilegalizas a las fuerzas independentistas en Catalunya, ilegalizas políticamente a la masa social que hay detrás. Y esto, como se puede ver en el caso vasco, genera un efecto rebote. Haz lo que tengas que hacer con los representantes, impútales los delitos que haga falta, pero hazlo sin tocar a los representados. No toques al pueblo porque de lo contrario los objetivos que pretendes conseguir con tus medidas serán los opuestos de los que consigas. La prueba de ello, precisamente, es el caso vasco.

Populismo de derechas.

El argumento presentado anteriormente es un argumento político. Pero ante todo es un argumento pragmático. Su esencia se condensa en la idea de que aplicar la ley de partidos, lejos de conseguir el objetivo que pretende, obtiene su contrario. ¿Por qué lo pide tanta gente, entonces? La respuesta, creo, está en el populismo.

Pero no en el populismo entendido como la visión de la democracia de abajo a arriba. En ese caso, sería el enfoque del soberanismo regional el que fuera populista. Hablo del populismo como esa idea en la que se dice lo que la gente quiere oír, lo que excita sus pasiones (y que puede ser de derechas o de izquierdas). 

Ahora mismo, el nacionalismo español se siente herido. Se siente herido porque entiende, con bastante razón, que el orden ha sido subvertido. En consecuencia, pide la aplicación implacable de la ley contra los responsables de la subversión, y se siente legitimado para ello. Sin embargo, al pedir la aplicación implacable de la ley, parece no entender la dimensión política del problema, esto es, el choque de legitimidades (que no legalidades). Si se ejecutase la ley de partidos, caerían los responsables directos y, además, se impediría que otros vinieran detrás. Creen los defensores de esta vía que eliminados los partidos, eliminado el problema. Sin embargo, eliminar los partidos es solo eliminar una parte del problema y, además, desde un punto de vista democrático, la más irrelevante. Lo verdaderamente relevante se produciría en el magma de todo sistema democrático: la ciudadanía. Aplicar la ley de partidos segaría a la ciudadanía en dos, dividiéndola en aquellos que tienen derecho a elegir (los constitucionalistas) y aquellos que no (los demás). Sería el equivalente a poner una mordaza sobre la voluntad de una de las dos mitades de la ciudadanía. Dejando a un lado la imagen internacional que esto generaría, lo importante aquí sería el efecto rebote que esto tendría y que amenazaría con romper las costuras que entrelazan los pactos tácitos pre-democráticos más básicos.

Decía que el nacionalismo español se siente herido y quiere reaccionar con contundencia, pero sin salirse de la ley (lo que está muy bien). Yo argumento que a lo mejor hay que aparcar el componente emocional nacionalista y pensar con frialdad cuáles son los distintos escenarios posibles que se abren y cuáles son las diversas consecuencias que se generarían en función de un tipo de acción de gobierno u otro en cada caso. Y creo que ciertas propuestas, aún legítimas, parecen proceder más del estómago que de la cabeza. Me sorprende, por ello, ver a Carlos Martínez Gorriarán defendiéndolas, defensor de un patriotismo constitucional con el que no comulgo, pero que respeto por ser no-nacionalista. Me sorprende bastante.