Independencia ma non troppo

El martes Catalunya y España encogieron el corazón durante el discurso de Carles Puigdemont. El coitus interruptus que supuso la suspensión indefinida de la declaración de independencia promulgada treinta segundos antes, hizo que muchos españoles y catalanes respiraran de alivio, pero también que muchos independentistas se sumieran en la incomprensión y la decepción. Y no es para menos, pues la ley de transitoriedad promulgada ilegalmente los días 6 y 7 de septiembre preveía que la lectura de los resultados oficiales en el Parlament darían el mandato del pueblo catalán a Puigdemont para declarar la Independencia. Y así lo hizo, ma non troppo. Las razones de este frenazo no están claras, pero hay algunos indicios que parecen apuntar en la dirección correcta.

El fin del silencio de Europa

Durante cierto tiempo los ideólogos del proceso independentista adujeron que ante una hipotética independencia de Catalunya, la Europa comunitaria no tendría problemas en aceptar a un Estado rico y próspero como el catalán. La realidad, sin embargo, parece haberse mostrado más tozuda de los esperado. Varias veces se han manifestado representantes europeos en ese sentido. En julio fue Juncker, el presidente de la Comisión Europea, quien afirmó que Catalunya quedaría fuera de la UE en caso de secesión, y tras la promulgación de la ley de transitoriedad, ya en septiembre, el mismo organismo volvió a pronunciarse en el mismo sentido. La razón de este posicionamiento se encuentra en la doctrina Prodi, que en palabras de 2004 del por entonces presidente de la Comisión Europea, se expresaría así: "Cuando un territorio de un Estado miembro deja de formar parte de ese Estado, porque se convierte en un Estado independiente, los tratados dejarán de aplicarse a ese Estado". Además, una Catalunya fuera de la UE, si quisiera adherirse a la Unión, debería ser aceptada su propuesta por el Consejo Europeo vía unanimidad y, a continuación, establecer un proceso de negociación entre todos los Estados miembros para adaptar los Tratados a las nuevas circunstancias. En un escenario así, no sería descartable un derecho de bloqueo por parte del gobierno español.

Jean-Claude Juncker (izquierda) y Donald Tusk.

Con estos antecedentes, la puntilla aún estaría por llegar. El martes día 10, a las 15:47, a poco más de dos horas del comienzo del pleno donde el Parlament debía refrendar los resultados del Referéndum, Donald Tusk, a la sazón presidente del Consejo Europeo —el órgano de la Unión donde se reúnen los 28 presidentes del gobierno de los Estados miembros y donde se parte el bacalao de las decisiones estratégicas de la política comunitaria— publicaba el siguiente comentario en la red social Twitter: "Apelo a Carles Puigdemont a que no tome una decisión que podría hacer imposible el diálogo. Miremos lo que nos une. Unidos en la diversidad." El twit de Tusk supuso un golpe en la línea de flotación del procés. Evidenció el salto al vacío que una declaración unilateral de independencia supondría en el concierto geopolítico internacional. Si Catalunya daba el salto, podría ir olvidándose de Europa. También evidenció que todo el capital atesorado en términos de legitimidad tras las intervenciones represivas de la policía durante el 1-O podría irse por el sumidero del retrete si no se gestionaba bien. Puso de manifiesto que con lo obtenido no bastaba para seducir al mundo. Si el diálogo era imprescindible, debía ser antes de una declaración de Independencia, nunca después. Baño de realidad.

Consecuencias económicas y fuga de empresas.

Directamente relacionado con el punto anterior. De hecho, su consecuencia natural. Una hipotética salida de la Unión Europea y, por consiguiente, de la Eurozona, traería como resultado la salida de Catalunya del paraguas del Euro y del Banco Central Europeo. Un escenario así obligaría a las autoridades catalanas a acuñar su propia moneda (o a adscribirse a alguna moneda de referencia momentáneamente) con la inestabilidad de tipo de cambio que eso supondría dada su vulnerabilidad ante posibles ataques especulativos. Ese escenario supondría una pesadilla para las empresas exportadoras, que deberían invertir muchos recursos para protegerse en los mercados financieros ante las oscilaciones de la divisa, con la consiguiente merma en la competitividad internacional.

Sin embargo, un argumento que se ha extendido como la pólvora es que las empresas operativas en una hipotética Catalunya independiente, al salir del Mercado Único, deberían hacer frente a costosas tasas aduaneras al quedar fuera del área de libre comercio. Esto es falso. El Mercado Único aglutina la libre circulación de mercancías, capitales y personas. Pero en un nivel subyacente al Mercado único de la Unión Europea se encuentra la EFTA, la Asociación de Libre Comercio Europea, que está compuesta por países no adscritos a la UE pero que mantienen acuerdos de libre comercio entre sí y con la propia UE. Hasta donde yo sé, no habría ninguna razón en particular que impidiese a una República Catalana ser aceptada por la asociación. Lo que sí que es verdad es que una Catalunya independiente tendría algunas dificultades extra para atraer capital internacional al salirse del Mercado Único, aunque dada la desregulación de esa materia en el concierto internacional, tampoco habría grandes diferencias. La principal diferencia, eso sí, radicaría en que la libre circulación de personas dejaría de ser posible en Catalunya. Ello dificultaría la captación de talento por parte de las empresas al engrosar la burocracia necesaria. Nada insalvable, pero sí a tener en cuenta.

Oficinas centrales de la Caixa en Barcelona.

En donde más se notaría la salida de la UE sería en la salida del paraguas del Banco Central Europeo y su línea de financiación ultra barata para los bancos adscritos al mismo. El programa de expansión cuantitativa, que puso en marcha el BCE en marzo de 2015 con el fin de combatir la deflación y el crecimiento económico errático, ha supuesto la compra de deuda a los bancos comerciales a unos precios muy baratos para estos, inyectando así dinero en la economía y facilitando las condiciones de crédito para particulares y empresas. Este grifo abierto por Draghi (que se rumorea empezará a cerrarse a partir de 2018) dejaría de estar disponible en su totalidad para los bancos residentes en una  Catalunya independiente, lo que haría que tuvieran que financiarse en el mercado abierto a unos costes comparativamente mayores. Por eso han sido lo bancos los que han iniciado y dado entidad a la fuga de empresas en Catalunya.

Pero como hemos podido saber en los últimos días, son ya 531 empresas las que han emprendido su éxodo hacia el resto de España. Como hemos argumentado antes, esta salida no se ha producido por miedo a perder los beneficios de estar en un área de libre comercio, ya que podrían regresar a ella en el seno de una Catalunya independiente tan pronto como ésta cumplimente los trámites para la admisión en el EFTA. En ese caso el efecto podría ser Boomerang. Las razones, en cambio, son dos y de tipo exógeno (no inherente) al modelo económico.

Razones de la fuga de empresas.

La primera de ellas hace referencia a la inestabilidad jurídica a la que harían frente las empresas catalanas si permaneciesen en Catalunya. Esto se traduce en preguntas como: ¿cuál sería el tipo de sociedades a pagar en Catalunya? ¿Cuál sería el derecho mercantil aplicable en ella? ¿Habría tasas al movimiento de capitales? ¿Estaré cometiendo algún delito por algo que actualmente es legal?, entre otras muchas posibles preguntas. En última instancia, las empresas necesitan un ordenamiento jurídico estable que proporcione las condiciones necesarias para que el plazo de maduración de sus negocios se realice de acuerdo a los presupuestos de índole legal y fiscal que se asumieron en un primer momento para decidir hacer o no esos negocios, inversiones, etc. Una Catalunya independiente despertaría tantos interrogantes acerca de su futuro ordenamiento jurídico que las empresas carecerían de ese suelo firme del que partir a la hora de realizar supuestos con los que tomar decisiones de inversión o negocio.

La segunda de las razones es aún más rudimentaria y hace referencia a la inquina y el rechazo que se produciría entre los consumidores a los productos producidos al otro lado de la frontera. Las llamadas al boicot a los productos españoles o a los productos catalanes se harían sentir notablemente en las cuentas de resultados de las empresas. A fin de cuentas, un proceso de independencia a nivel estatal lo es también a nivel personal, con el proceso de desgarro emocional que conlleva. Y no sería para nada estrambótico que ese desgarro generase un odio entre consumidores a ambos lados de la frontera. La razón, por tanto, de trasladar sedes sería el mercado comparativamente mayor que habría en España respecto al proporcionable por Catalunya mientras se decide su futuro. En cualquier caso, y si se me permite el chiste, dado que el boicot sería de ida y vuelta, una posible independencia de Catalunya sería un buen momento para comprar acciones de Lidl.

Fuga de sedes (sociales) y no una deslocalización.

No obstante, es preciso aclarar que el movimiento de sedes de muchas empresas hacia los registros mercantiles de muchas ciudades de España no implica la deslocalización productiva (el traslado de las fábricas, para entendernos). Es importante aclararlo porque algunos dibujaron el apocalipsis cuando las primeras empresas realizaron los primeros traslados, y se generó cierta confusión y algunas informaciones confundentes. Una empresa no se deslocaliza de un día para otro. Las inversiones productivas materializables en capital fijo se realizan con vistas a un horizonte temporal extenso. No compras una nave industrial para usarla tres años y mudarte a otra, obviamente, sino para explotarla durante más tiempo.

Por otro lado, también se ha extendido la idea de que el traslado de las sedes de las empresas repercutirá en una merma de la recaudación fiscal en Catalunya. Aquí hay varias cuestiones entrelazadas que si no se analizan por separado es difícil dar una panorámica correcta.

Luis de Guindos ha sido clave en el traslado de empresas impulsando un decreto que aligera la burocracia necesaria.

La primera de ellas es que el movimiento producido ha sido de sedes sociales y no de sedes fiscales. Y aunque lo normal es que una empresa que cuenta con su sede social en cierto lugar, cuente también con su sede fiscal en el mismo sitio, no es necesario que esto sea así. Ejemplos de empresas que tienen su sede social y su sede fiscal en lugares distintos serían Bankia, BBVA y Banco Santander. Por lo que no tendría que haber una merma en la recaudación impositiva, al menos a corto plazo.

Al mismo tiempo, una vez que se ha explicado que este movimientos de sedes no acarrea deslocalización empresarial, muchos han argumentado que no habrá pérdida de tejido industrial ni de trabajadores a corto plazo. Esto solo es parcialmente cierto. Es verdad que no habrá desmantelamiento industrial a corto plazo y que el grueso de los trabajadores no perderá su empleo, pero al mismo tiempo, y si las empresas no quieren incurrir en ilícitos, deberán trasladar a sus nuevos centros los trabajadores de cuello blanco, esto es, a una parte importante de su contingente de directivos y financieros. El dato interesante de este traslado de efectivos es que a pesar de que estos trabajadores no suponen un porcentaje demasiado significativo en la estructura de cualquier empresa grande, sí representa un porcentaje significativo de la masa salarial dentro de la empresa. Es decir, la suma de sus sueldos es una parte importante del pastel salarial de la empresa. Su traslado implicaría la recaudación de sus jugosos IRPFs desde otras comunidades y, tanto o más importante, el gasto de esas rentas en otras ciudades y comunidades, con la creación de puestos de trabajo indirectos en sectores como la hostelería o la industria del ocio y la paralela destrucción de empleo en esos sectores en suelo catalán.

En resumen, a corto plazo las consecuencias de estos movimientos no se van a hacer sentir como los agoreros pretenden que ocurra. Pero a medio y largo plazo la cosa puede ser distinta, y ese es un escenario que se ha de tener en cuenta.

El horizonte de acción del Govern.

En estas condiciones el Govern parece estar atado de manos. El voluntarismo inherente al mensaje emitido de que Catalunya será dueña de su futuro toda vez que consiga votar acerca de si quiere permanecer en España o no ha chocado esta semana con el acero rocoso de la realidad. Una Unión Europea que parece estar por la labor de no intervenir y hacer valer la Constitución española y un tejido empresarial con aversión al riesgo parecen ser buenas razones para que el Govern haya dado un paso atrás. Y sin embargo, la masa social que respalda el proyecto independentista así como el capital mediático cosechado tras el 1-O hacen indicar que su posición no es tan débil como parece.

En este contexto de luces y sombras, la llamada al diálogo es tanto una fatalidad necesaria como una oportunidad. Es una fatalidad necesaria porque parece el único curso de acción propiciado por los acontecimientos. Pero es una oportunidad en la medida en que deja de nuevo la pelota en el tejado del Gobierno Central.

Rajoy durante la rueda de prensa en la que anunció la aplicación del art. 155.

La respuesta, eso sí, no se ha hecho esperar, y el PP ya ha iniciado los trámites para la ejecución del artículo 155. Un inicio de aplicación que parece llenar de orgullo y satisfacción a Ciudadanos, el partido que en esta materia se ha mantenido más insistente. La hoja de ruta del 155 exige preguntar a Puigdemont, en este caso, si ha declarado o no la Independencia. El president de la Generalitat tiene de plazo hasta las 10:00h de este lunes día 16 para contestar. Y en función de su respuesta (o ausencia de respuesta) el gobierno tramitará o no la aplicación de los procedimientos legales necesarios en el Senado.

En este escenario, parece poco probable que Puigdemont se retracte. Por un lado porque tiene en contra a la mayor parte de ERC y a toda la CUP, la cual ya le ha pedido por carta que levante la suspensión de la Independencia a la mayor brevedad posible. Al mismo tiempo hacerlo sería dinamitar tanto su carrera política y la de su partido y, más importante aún, tirar por la borda la vieja aspiración de su juventud: ver una Catalunya independiente. Por ello, da la sensación de que Mariano Rajoy ahora mismo solo debe hacer lo que mejor se le da: sentarse, encender un puro y ver como su adversarios de torpedean a sí mismos.

Las implicaciones insondables de la aplicación del artículo 155.

En cualquier caso, que nadie se lleve a engaño. Aún queda mucho partido. La aplicación del artículo 155 siembra de incógnitas el terreno, y lejos de ser una solución al conflicto como toda la derecha reaccionaria pretende, puede suponer un balón de oxígeno en la estrategia del Govern.

El artículo 155 es un artículo muy ambiguo. No está desarrollado y solo prevé la intervención del gobierno central en caso de manifiesta ilegalidad de algún gobierno autonómico. Y eso, en este caso, va desde la disolución del Govern para ir a elecciones autonómicas hasta la intervención en el Estatut para la centralización de algunas competencias, pasando por un escenario en el que la provisionalidad de la medida se extienda indefinidamente en el tiempo, siendo el Govern una extensión del Gobierno Central de facto.

Cabe pensar, sin embargo, que el tipo de desarrollo escogido para el artículo será aquel que signifique meramente disolución del Govern y convocatoria electoral autonómica. Cualquier otro escenario equivaldría a que Mariano Rajoy se presentara en la vivienda de Carles Puigdemont, llamara al timbre, le entregara una copiosa cesta de Navidad y, antes de despedirse, le diese un largo y afectuoso abrazo.

Pero incluso la aplicación más liviana posible del 155 sigue dando oxígeno a la causa independentista, ya que implica la suspensión del Gobierno autonómico y, recordemos, ese gobierno ha sido elegido con vistas a realizar precisamente el referéndum que ha convocado. Ojo, porque esto no es trivial. Supone la injerencia de la legalidad constitucional en la legitimidad democrática más básica. Y en función de cómo se gestione este asunto, las detenciones que se produzcan y la rapidez o lentitud con la que se convoquen elecciones, se puede transmitir una imagen bastante confusa internacionalmente de cómo funcionan los mecanismos de defensa de la legalidad española. Y hasta ahora el Govern ha demostrado ser muchísimo más eficaz y habilidoso en su política mediática internacional que el Gobierno de España. No sería de extrañar que el PP la volviera a cagar.

¿Vuelta a la casilla de salida?

No obstante, dejando a un lado las incógnitas presentadas, y asumiendo que el escenario más probable es aquel en el que Puigdemont seguirá firme en su propuesta de diálogo sin renunciar a la declaración suspendida, la situación se ve abocada  a una pronta disolución del Govern catalán y a la convocatoria express de elecciones autonómicas. Y hablamos de un periodo de tiempo que no va a ser inferior a los tres meses.

¿Hacia una reedición de las elecciones catalanas en clave plebiscitaria de 2015?

Esta solución, abanderada por C's, y aceptada en el seno del bando constitucionalista, presenta un problema de enfoque (o desenfoque) bastante importante. Presupone que librando al pueblo catalán de un Govern que los ha abocado al abismo, éste se verá liberado de una especie de encantamiento en el que se ha visto sumido, y votará en otra dirección de la escogida con anterioridad. Sin embargo, este planteamiento parece olvidar que venimos de unas elecciones que se plantearon como plebiscitarias, con una coalición como JxS que se presentaba transversal a todas las sensibilidades políticas catalanistas, con excepción de las de la izquierda asamblearia y comunista, y que fue votada y escogida como la principal fuerza política del Parlament para ejecutar aquello que precisamente ha hecho: convocar un referéndum de independencia. No han incumplido su palabra. No están pudiendo llevarla a donde querrían, es cierto, pero excepto algún intransigente que se sienta muy decepcionado, la masa social independentista entiende que está habiendo dificultades de causa mayor ajenas a la voluntad del Govern.

En esas condiciones, es extremadamente cándido pensar que unas elecciones autonómicas propiciarán un vuelco en la correlación de fuerzas. No dudo que haya pequeñas variaciones en el seno de los dos grandes bandos, y que C's aumente ligeramente su expectativa de voto, la CUP y el PP bajen, etc., pero pensar que los dos grandes bandos (equidistantes de CSQP a un lado) puedan variar radicalmente su número de escaños hasta propiciar una nueva mayoría, es un ejercicio de ingenuidad bastante notable. No tengo la bola de cristal, pero nada apunta a ello.

Así, las cosas el panorama se presenta sombrío. No parece que nada pueda desatascar la situación y las soluciones que han sido propuestas desde los bandos hegemónicos difícilmente pueden ofrecer una salida al enquistamiento político. Hay cuestión catalana para rato.