Breve análisis de las medidas propuestas para el 155

Ayer fue el día en el que se despejaron todas las incógnitas. Tras una reunión con el consejo de ministros que duró tres horas, Mariano Rajoy anunciaba en qué iba a consistir la aplicación del dichoso artículo 155 de la Constitución. Y he de reconocer que su anuncio me pilló en fuera de juego. La prudencia demostrada los días anteriores, en los que arrastró los pies para no aplicar el 155 a pesar de las insistencias de Ciudadanos, así como los intereses del PSOE en Catalunya, me hacían ser optimista de cara a que, si finalmente el artículo se aplicaba, sería de un modo quirúrgico, con el objetivo tan solo de destituir a Puigdemont para convocar elecciones a la mayor brevedad posible. Es decir, con el objetivo de que la injerencia del Gobierno Central en el autonómico fuera lo más liviana posible. Y sin embargo, la realidad ha sido bien diferente.

Rajoy en la comparecencia de prensa de ayer.

Una aplicación hardcore.

Rajoy nos sorprendió a muchos con una de las aplicaciones más duras posibles del 155. Cuando se aprueben por el senado las medidas propuestas, la administración de Rajoy podrá cesar al President y al Govern en su totalidad. Cuando eso ocurra, los ministerios del gobierno de Rajoy se ocuparán de las consellerias controladas hasta ahora por JxS. Aún no se sabe ni cómo ni quién sustituirá a Puigdemont al frente de la Generalitat, aunque se habla de la creación de un ministerio de gobernación para tal fin, del que dependería un gobernador civil que sería quien sustituyese a Puigdemont en sus facultades para ejecutar leyes y, sobre todo, para poder convocar futuras elecciones. Personalmente, veo bastante remota esta posibilidad por su semejanza con la adoptada por el Franquismo. Pero también veía remota esta aplicación dura del 155 precisamente por su semejanza con el Franquismo. Veremos qué se propone y qué ocurre finalmente.

Las implicaciones de que sean los ministerios los que pasen a controlar las distintas consellerias son muy variadas. Las personas propuestas por los ministerios para controlar las consellerias tendrán facultad para despedir y cambiar de personal discrecionalmente, con lo que se podrían ver escenarios en los que se produjesen limpias de personal incómodo por su afinidad con el procés. Esto resulta especialmente sensible en los casos de los Mossos de escuadra, pero también en otras esferas como Hacienda o Cultura. En el caso de TV3, Soraya Sáenz no ha confirmado si se producirá una intervención o no, aunque ha asegurado que se garantizará el derecho a "una información veraz, objetiva y equilibrada". Pueden apostar, por tanto, a que sí se producirá tal intervención.

Uno de los rumores extendidos en los últimos dos días había sido el propagado por Carmen Calvo, representante del PSOE en las negociaciones, según el cual el objetivo de esta intervención, la convocatoria de elecciones autonómicas, se produciría a finales de enero. A ese respecto, desde Moncloa no se han confirmado esas informaciones y solo se ha establecido un plazo de hasta seis meses en el cual esa convocatoria tendría lugar.

Una de las medidas, sobre el papel, más positivas es el control al que el Gobierno Central se verá afectado cada dos meses y que limitará el poder discrecional de su intervención en Catalunya. Decimos sobre el papel porque ese control lo realizará nada más y nada menos que el Senado, cámara en la que el Partido Popular disfruta de mayoría absoluta. En otras palabras, el pasteleo está asegurado.

A pesar de que la presente aplicación del 155 no va a tocar la composición del Parlament y la facultad de éste de aprobar leyes no relacionadas con el Procés (Forcadell seguirá como presidenta de la cámara, por ejemplo) y, en ese sentido, éste no será el 155 más duro posible, sí es uno de los más duros. Las razones de ello creo que son tres.

Un precedente para futuras intervenciones.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el artículo 155 era, de facto, una tábula rasa, una hoja en blanco. El inexistente desarrollo del artículo —el cual estaba pensado para otros menesteres de los que ha sido finalmente aplicado— permitía en la práctica total libertad para el gobierno que lo ejecutase. Sin embargo, esa ejecución sentaría, paradójicamente, un desarrollo y una guía de aplicación para el futuro. De esta forma, aplicar el artículo en una de sus formas más contundentes supone guardarse las espaldas ante amenazas a la integridad del Estado de igual naturaleza.

Un órdago a mayor.

En segundo lugar, hay un cierto carácter disuasorio que está implícito en las medidas adoptadas. Hay que tener en cuenta que las medidas no entrarán en vigor hasta que las apruebe el Senado, y este trámite se producirá dentro de una semana aproximadamente. Durante todo ese tiempo Puigdemont tendrá la facultad de disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas, lo que sería entendido por Madrid como una vuelta a los cauces de la legalidad, retirando la aplicación de las medidas propuestas, o limitando su aplicación hasta que las elecciones autonómicas se produjesen. No hay que olvidar que el choque de trenes aún no se ha producido y en este particular juego del gallina aún hay espacio para la rendición del oponente. Por ello, esta aplicación del 155 es un órdago a mayor, una invitación a cesar en sus pretensiones a la Generalitat. Un 155 más tenue no habría cumplido ese cometido tan bien.

La clave electoral: desconexión emocional y populismo de derechas.

En tercer lugar, al menos, está la clave electoral. La principal causa del procés fue el insulto a la soberanía catalana que supuso la suspensión del Estatut de 2006 y el cepillado del mismo por parte del tribunal Constitucional en 2010. Desde Catalunya aquello fue entendido como un ofensivo e hiriente insulto desde la administración española, pues aquel Estatut reunió el apoyo de casi el 90% de la población catalana. El procés, en ese sentido, sería el subproducto de ese agravio colectivo, de esa humillación. Lo que no se suele poner sobre la mesa, empero, es que la deriva independentista a-cualquier-precio, saltándose la legalidad vigente (aunque ésta pueda no ser justa), ha sido entendida como un insulto y una humillación por una importante mayoría de españoles. Se suele poner de manifiesto muy a menudo la desconexión emocional que muchos catalanes independentistas han sufrido en los últimos años respecto a España: ya no se sienten parte de ella. Pero es que la deriva emprendida por Puigdemont (y por otros antes que él) ha hecho saltar idénticos resortes en muchos ciudadanos del resto de España respecto a Catalunya: ya no la sienten como parte de su identidad aunque, desde luego, desean que siga siendo parte de su propiedad. Estos electores han demandado, demandan y demandarán mano dura y un castigo ejemplar. Por justicia, pero también por venganza. Y dado que una aplicación del 155 excluye como posibilidad la aprobación de los presupuestos generales para 2018 —tras la negativa a apoyarlos por parte del PNV— y pone en seria duda su aprobación para 2019, la convocatoria de elecciones generales para octubre, noviembre o diciembre de 2018 es un horizonte de acontecimientos bastante probable. En ese sentido, una aplicación dura del 155 es también un reclamo para ese voto español herido. Es decir, la puesta de largo del populismo de derechas con fines electorales.

¿Y ahora qué?

Con las medidas sobre la mesa, la incertidumbre se ha disipado y ya sabemos a qué atenernos. Es difícil pensar que esta medida pueda solucionar algo del conflicto político en Catalunya. Por el contrario, todo apunta a que lo agravará, cargando de razones al independentismo y alimentando el relato de la opresión con el que tan bien juegan Puigdemont, Junqueras y todos los demás. A fin de cuentas, el autogobierno en Catalunya, la Generalitat, es una institución con siglos de historia. Su restauración tras la muerte de Franco se produjo antes de la muerte del Franquismo, un año antes de la aprobación de la Constitución Española del '78. El gobierno de Mariano Rajoy ha vendido la aplicación del 155 como una vuelta a la legalidad, una restauración de la autonomía, tras el quebranto de su legalidad constitutiva los días 6 y 7 de septiembre. Pero lo cierto es que ésta va a ser gobernada desde Madrid, como en el Franquismo. Por ello, y a pesar de que se restituya la autonomía, la sensación en Catalunya es que se está despojando a los catalanes de su autogobierno. Y no ayuda precisamente que el encargado de ejecutar esta restitución de la legalidad sea un partido que en Catalunya cosecha apenas el 13% de los votos. Para que se entienda con una perspectiva a través del espejo: es como si Bildu gobernara en Madrid.

Con todo, aún queda tiempo. Aún queda tiempo para revertir la situación y, ahora mismo, está en manos de Puigdemont hacerlo. Sea cual sea la decisión que tome, tendrá costes. La sensación es que Puigdemont se enfrenta a un trilema en el que una posible DUI, convocar elecciones autonómicas él mismo o dejar que los hechos sigan su curso sin hacer nada suponen alternativas a cada cual más desastrosa para sus intereses. De momento, ha convocado un pleno en el Parlament para la semana que viene. No ha sido anunciado el orden del día, pero resulta evidente que el 155 estará en el centro del debate. También se especula con que en ese pleno se proclamará oficialmente la DUI. Todo puede pasar. Ya veremos.